La defensa insistió en la falta de tipicidad de la conducta. Consideró que pretender integrar una norma penal y acusar a un ciudadano quiebra el principio de legalidad.
Señaló que a lo largo de este juicio el Ministerio Público no pudo mostrar dónde estas actividades tengan que presentar sobre el impacto ambiental.
Respecto del procedimiento de los funcionarios sobre la toma de muestra, recurrió a la ley especial para decir que las municipalidades deben establecer sobre los ruidos.
Para la defensa quedó demostrado en las audiencias que los funcionarios no están capacitados para realizar las mediciones de los decibeles.
Al respecto, la abogada indicó que quedó expuesto que ninguna de las instituciones tienen clara cuáles son sus competencias, también sobre la autorización de los equipos los municipios deben determinar los estándares.
Aseveró que no hay estándares qué equipos se pueden utilizar de acuerdo con la zona. Refirió que no es un área de residencia.
En referencia a la autoría, señaló que lo quedó claro es que ninguno de los testigos pudo identificar como operador de equipos ni quien dio órdenes al respecto.
Remarcó que bajo ningún parámetro tuvo dominio de los hechos relatados por el Ministerio Público en su acusación.
Al mencionar a los vecinos dijo que hubo acercamiento y diálogo con los vecinos. Se refirió que no hubo documentos sobre la salud ni la cuantificacion de la pérdida económica.
Subrayó que se quebró el principio de igualdad, los hechos que les ocupó no son penalmente relevantes.
Solicitó la absolución de su defendido y el posterior archivo de la causa.
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