En la causa de privación de libertad, en el fallo dado a conocer el 25 de junio de este año a través de Secretaría primeramente y luego por el presidente del tribunal, Juan Pablo Mendoza.
El tribunal que juzgó en la causa está presidido por el juez Juan Pablo Mendoza e integrado por los miembros Fabián Escobar y Carlos Hermosilla.
De acuerdo con la lectura del actuario, quedó probada la existencia de los hechos punibles de privación de libertad y lesión grave, la autoría de la acusada, la responsabilidad de la misma y su conducta fue califcada según el artículo artículo 102 inciso 1 numeral 3 y el 2, y el artículo 124 inciso 1 concuerda con el artículo 29 inciso 1 del código penal. La condena fue de 3 años y 6 meses.
Luego el presidente del tribunal volvió a hablar. Explicó que ellos analizaron las declaraciones testificales, oyeron a la víctima que fue testigo presencial, la misma no ha sido expuesta de manera aislada, sino con otros elementos de prueba y la declaración de la misma no fue contradictoria.
Se preguntó por qué creerle a la víctima y aseveró que su relato fue corroborado por los informes médicos, los testigos, los informes psicológicos y antecedentes que hay coherencia en su relato.
Señaló que la defensa cuestionó la salud mental de la víctima y eso no fue verificado ni confirmado de que la misma sufra de una alteración en sus facultades mentales como una suerte de esquizofrenia o haya sido para perjudicar a la acusada o algunas personas, eso no ha sido corroborado, no ha sido objeto de prueba.
Manifestó que con respecto a la acusada, ella no tiene antecedentes y eso observan a favor de la misma para su reinserción social.
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